La Polilla Cubana

Por Salvador E. Morales Pérez*

En estos días de fricciones diplomáticas, en  donde descuella la amenaza británica de allanar la sede diplomática de la República de Ecuador en Londres para atrapar a Julián Assange, han sido evocadas situaciones  anteriores donde el derecho de asilo y los allanamientos de sedes diplomáticas se pusieron en discusión. Yo me pregunto si estaremos ante un caso semejante al que redujo el asilo diplomático del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, a la friolera de un lustro como huésped forzoso de la embajada de Colombia en Lima, asunto que sigue dando lugar a debates jurídicos y políticos interesantes.

O  si estaremos en la antesala de una acción violenta y abominable de violación de la Convención de Viena, independientemente de la regla unilateral y arbitraria enarbolada por el gobierno británico actual. Ya las fuerzas especiales inglesas marcaron un precedente con la Operación Nimrod ejecutada el 5 de mayo de 1980. Ocasión en la cual, con el consentimiento del gobierno iraní ocuparon en son de guerra la embajada de Irán en Londres, ocupada por seis opositores que habían tomado 26 rehenes a cambio de sus demandas.

Últimamente se han mencionado en los medios varias irrupciones brutales en sedes diplomáticas: la de la escalofriante y flamígera masacre perpetrada por los uniformados del gobierno guatemalteco del general Romeo Lucas García contra la embajada española en ciudad Guatemala el 31 de enero de 1980, con saldo rojo de 38 muertos; la acción ejecutada en Afganistán, el 26 de septiembre de 1996, ya en poder de los talibanes contra el ex mandatario Najibullah y su hermano alojado en la embajada de la Organización de la Naciones Unidas de Kabul; o la del comando que envió el dictador peruano Alberto Fujimori, el  22 de abril de 1997 a tomar la embajada nipona en Lima que se hallaba en poder del MRTA para denunciar la situación de las cárceles peruanas y demandar la libertad de algunos compañeros. El saldo rojo fue de 14 guerrilleros acribillados y un civil.  Son los antecedentes más sonados. Hay otros antecedentes, como el asalto a la embajada trujillista en Caracas en 1945 por opositores dominicanos allí exiliados o el secuestro de la embajada estadounidense en Irán en noviembre de 1979 para presionar la extradición del Sha.  No dudamos que haya otros ejemplos  de variados signos políticos, algunos con consecuencias fuertes en el ámbito diplomático, otros solucionados con notable sensatez entre las partes  y algunos  de acallada repercusión como el que deseo destacar aquí:

Existe un antecedente remoto -y también muy sangriento- ocurrido durante la dictadura de Batista. A fines de octubre de 1956, un fuerte destacamento policial encabezado por el jefe de esos cuerpos represivos, el brigadier Rafael Salas Cañizares, uno de los principales cómplices de Fulgencio Batista en el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 que quebró el orden constitucional del país, asaltó la sede de la embajada haitiana, ubicada en Avenida 7a y calle 20, en la barriada de Miramar.

A plena luz del mediodía, el 29 de octubre de 1956, Salas Cañizares, acompañado por otros notorios  asesinos, el coronel Conrado Carratalá, el Jefe del Buró de Investigaciones coronel Orlando Piedra Nogueruela y el capitán Esteban Ventura Novo, (quienes a la caída del dictador en enero de 1959, encontraron tranquilo y acogedor refugio en Estados Unidos) penetraron en el recinto diplomático de Haití a tiro limpio -el escaso personal diplomático se hallaba ausente de la residencia-  procedieron a aniquilar a todos los asilados allí refugiados. Incluyendo a quienes ya la cancillería había concedido salvoconductos y esperaban por las visas que le permitieran viajar al país que se las concediera.  En el intercambio de disparos que tuvo lugar, el obeso y bravucón  brigadier batistiano cayó mortalmente herido.

Se cuenta al respecto, que quien lo hirió fue Secundino Martínez, apodado el  “El Guajiro”,  el único de los asilados que estaba armado, quien se asomó al oír el estrépito formado por la llegada de los carros policiales. Al verlo Salas Cañizares disparó su ametralladora sobre el joven hiriéndolo gravemente. Sin embargo, este, desde el suelo, pudo sacar su arma y disparar. Un balazo le perforó el vientre al brutal jefe de la policía nacional. Se dio la orden de masacrar a todos.

En el interior se encontraban dos grupos de asilados de diferente procedencia política. Por un lado estaban entre los allí muertos un grupo de la Organización Auténtica, OA, alentada por el ex presidente Carlos Prío Socarrás, a quienes se les acusaba de haber participado en el frustrado asalto al Cuartel Goicuría, ubicado en la Ciudad de Matanzas, acción encabezada por Reynold García, en abril del mismo año. Se nombraban: Carlos Casanova, Eladio Cid, Orlando Fernández Ferray, Leonel Guerra, Félix Hernández Concepción y Salvador Ibáñez.

El otro grupo estaba conformado por cuatro jóvenes recién llegados y que alojaron provisionalmente en el garaje.  Estaba compuesto por Secundino Martínez, alias El Guajiro, Gregorio García, Alfredo Massip e Israel Escalona. A quienes  las autoridades  de la dictadura señalaban como involucrados en el fallido atentado contra el senador Rolando Masferrer, el gestor de un cuerpo paramilitar adicto al gobierno de facto, de fúnebre recordación: Los tigres de Masferrer.

Los cuerpos represivos de la tiranía estaban ansiosos de sangres. El motivo que los impulsaba fue que el día antes, 28 de octubre de 1956, un comando del Directorio Revolucionario había matado  al coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), quien estaba acompañado en el cabaret Montmartre, por el teniente coronel Marcelo Tabernilla hijo del jefe del Ejército quien resultó herido en la acción así como la esposa del capitán José Rodríguez Sampedro, también presente en el cabaret. Sospechaban que algunos de los ejecutores de Blanco Rico podían estar en la embajada haitiana.

Para justificar la violación pusieron de pretexto a posteriori -lo cual se demostró luego como totalmente falso- que habían recibido una llamada de los diplomáticos solicitando protección  puesto que unos jóvenes  estaban forzando su entrada en la sede diplomática. Contaban con la aprobación del mismo Batista, como declararon inicialmente voceros del régimen.

El 31 de octubre de 1956 la Embajada de Haití convocó a una conferencia de prensa y entregó una nota oficial en la que se decía: “La Embajada de Haití protesta contra las alegaciones publicadas en la prensa según las cuales la Policía intervino por una llamada de nuestra Embajada”.

Un colega periodista, Pedro Antonio García, quien ha explorado el hecho con especial acuciosidad ha comentado incisivamente:

“Los sucesos del 29 de octubre de 1956 fueron silenciados por la prensa internacional. Las relaciones con Haití fueron tensas solo hasta diciembre, porque con el nuevo Gobierno en Port au Prince volvieron a normalizarse. Nadie llevó este caso al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), ninguna voz se alzó en el Congreso estadounidense ni en las Naciones Unidas”.

Desde luego, acciones de tan estúpida y brutal naturaleza han sido propias de regímenes autoritarios, de dictaduras arrasadoras, que hacen el trabajo sucio y las tareas que les permiten la sobrevivencia. Dictaduras, que con un poco más que se escarbe, gozan de sibilinos o abiertos padrinazgos de potencias que se dan golpes de pecho de civilizadas y democráticas. La historia contemporánea está cundida de ejemplos de estos dobles discursos. No es de extrañar que hechos tan condenables como el ocurrido en La Habana el 29 de octubre de 1956 se repitan, aunque siempre abrigamos la esperanza de que esto no ocurra de nuevo y que no se cierre el camino a la salida diplomática de sólidas e invulnerables garantías.

*Doctor en Historia, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Enviado por su autor

Por Andrés Alberto Rodríguez Guerra*

El presidente ecuatoriano ratificó que las puertas al diálogo con Reino Unido están abiertas para encontrar una solución pacífica al caso del periodista Julián Assange, y aseguró que sólo pide garantías para que el australiano no sea extraditado a un tercer país si vuelve a Suecia.

El camarada Correa, expreso que si el imperio británico invade la embajada de Ecuador por el caso del periodista australiano Julian Assange, estaría violentando todos los tratados internacionales existentes, y colocaría a las embajadas del mundo vulnerables para cualquier asedio.

Desde nuestro espacio “Pensamiento soberano” consideramos que no es la primera vez que los imperios de Estados Unidos y del  Reino Unido nos invaden; ya históricamente lo han hecho. Recordemos los más recientes: la invasión de los ingleses a las islas Las Malvinas en Argentina, el asedio de la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de estado de abril del 2002 que realizaron o intentaron con el Presidente Chávez; el derrocamiento de los presidentes de Honduras y Paraguay… Sin “meternos a fondo” con las conspiraciones en los países árabes y africanos.

Son ellos los que dictan las normas -como en juego de ajedrez-  de qué gobierno se mantiene y cuál no, de acuerdo a sus interés. Mi pregunta aquí es:

¿Para qué existe una ONU o cualquier pantalla de organismo mundial, sin son los imperios y las trasnacionales las que deciden el destino de la humanidad?

Lo que sí expuso el presidente Correa es que este caso no afectaría las relaciones bilaterales, el Presidente dijo que, desde su perspectiva, esta situación no debería influenciar los nexos. También expuso lo siguiente:

“Si América Latina empezara a ponerse brava con todos los países que han otorgado asilo, o han negado que respondan ante la justicia delincuentes comunes, estaríamos bastante enojados con varios países del resto del planeta (…) Si el Reino Unido se distancia de Ecuador por haber otorgado asilo, nos apenará muchísimo, pero Ecuador no claudicará su soberanía ante nadie ni ante nada”, recalcó.

Por último, recordó que Ecuador es un  país que respeta la libertad de expresión y ratificó que si este caso no encuentra una salida por las vías diplomáticas, existe la posibilidad de introducir el caso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

“No justifico todo lo que ha hecho Assange (con WikiLeaks), pero siempre, de acuerdo a nuestra constitucionalidad y a los principios que practica este Gobierno, buscaremos preservar la vida de cualquier ser humano”, concluyó.

Finalizo y puntualizo que siempre, como dicen en mi país, es la ley del embudo, porque… ¿qué pasaría si invadimos el imperio yanqui y hacemos a un lado los tratados Internacionales, y sacamos al terrorista Posada Carriles, para que sea  juzgado por los crímenes de asesinato que tiene pendientes en Venezuela y Cuba?

Pensamiento Soberano, Nº 09

Agradecimientos: TeleSUR,  La Polilla Cubana, alcaldía Municipal. Stgo Mariño.

*Abogado y profesor de la Bolivariana; descendiente del ex Presidente Cipriano Castro

@andre_ayuda
andresrodri71@hotmail.com

La salud y supuesta muerte de Fidel Castro han ocupado titulares en los últimos años gracias a Twitter. A decir verdad, han sido tantos los descalabros mediáticos que la Gran Prensa ha preferido dejarle el trabajo de zapa a los blogueros mercenarios, como el caso de Penultimos Días, que ya no sabe cómo asesinar a Fidel.

El hijo de Bush (Hernández Bush-too, el administrador de ese blog) ahora es el que anda diciendo que Fidel está enfermo. Bueno, le tengo una mala noticia a él y a sus seguidores de Miami: Fidel Castro trabaja junto a Hugo Chávez en un libro de próxima aparición.

La fuente que confirmó esta información también dijo que el Líder de la Revolución se mantiene al tanto de la posición de Ecuador encuanto al caso de Julian Assange,  entre otros temas nacionales e internacionales que son de su interés.

Síguelo, que esto se está poniendo bonito pana…

Yohandry Fontana

La Habana

Nota:

Muy malas, muy malas las noticias para los chicos creativos de la CIA.

Tomado de El Blog de Yohandry

Imagen agregada RCBáez

Por Salim Lamrani*

El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.

El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que “su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares.[1]

¿Quién es Raúl José Díaz Peña?

Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.

El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta de Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002.[2]

No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos.[3]

¿La CIDH, una jurisdicción independiente?

Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos -a tal punto que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011, con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense-, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto.[4]

Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró[5] La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.[6]

En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina. Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre, dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados[7].

Por otra parte, durante el golpe de Estado de 2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH, dirigió a ése[8]. Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la credibilidad y la fama de la entidad interamericana: “La Comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez”.[9]

El presidente Chávez confirmó que su país se retiraría de la CIDH.[10] “Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó.[11] La CIDH “ni siquiera nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso se comprobó”, agregó.[12]

La reacción de Estados Unidos

Por su parte, Washington fustigó la decisión de Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que “Venezuela estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana y expresó su respeto por ella.[13]

No obstante, la posición de Estados Unidos no está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima que viola su soberanía nacional.

La reciente decisión de la CIDH relativa a Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando así su propia Convención?

¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia venezolana en abril de 2012?

En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto a Venezuela?

Salim Lamrani**Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y profesor encargado de cursos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée.  Periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr

Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

NOTAS:

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Díaz Peña vs. Venezuela», 26 de junio de 2012. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf (sitio consultado el 31 de julio de 2012).

[2] Agencia Venezolana de Noticias, «Venezuela rechaza el fallo de CIDH a favor del terrorista Díaz Peña», 24 de julio de 2012.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», 26 de julio de 2012.

[6] Ministerio del Poder Popular para Exteriores, «Comunicado», República Bolivariana de Venezuela, 24 de julio de 2012. http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22219:comunicado-oficial-mercosur&catid=3:comunicados&Itemid=108 (sitio consultado el 31 de julio de 2012).

[7] Telesur, «Venezuela afirma tener suficientes pruebas de la doble moral de la CIDH», 2 de mayo de 2012. http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/02/el-canciller-venezolano-nicolas-maduro-dijo-que-cidh-responde-a-intereses-de-eeuu (sitio consultado el 31 de julio de 2012).

[8] Ibid.

[9] Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», op.cit.

[10] Agence France-Presse, «Chávez dice que ya dio ‘las instrucciones’ para que Venezuela salga de CIDH», 28 de julio de 2012.

[11] EFE, «Insulza confía en que Venezuela no dejo la Corte IDH», 27 de julio de 2012.

[12] Alejandro Montiel, «Doble rasero de CIDH evidenciado con fallo que favorece a terrorista que atentó contra embajadas en Caracas», Prensa Presidencial, República Bolivariana de Venezuela, 26 de julio de 2012.

[13] Agence France-Presse, «EEUU estima que si Venezuela abandona Corte IDH enviará mensaje ‘lamentable’», 25 de julio de 2012.

Publicado originalmente en portugués en Opera Mundi. Texto en español, cortesía del autor.

Imagen agregada RCBáez