La Polilla Cubana

El 11 de junio pasado, un grupo de chicos que cazaba cuises y ratones en un predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando reparó en un barril de metal oxidado con capacidad para 200 litros. Estaba roto. Los chicos vieron huesos y llamaron al 911. La policía descubrió luego otros dos toneles similares que también tenían restos óseos. Después de analizarlos, se estableció que uno de los cuerpos pertenece a Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, un diplomático cubano desaparecido el 9 de agosto de 1976.

El caso lo condujo el fiscal de San Isidro Luis Angelini, a cargo del área ejecutiva de investigaciones criminales de San Fernando. El funcionario judicial dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales, la pericia realizada por ese organismo –cuyos integrantes no quisieron ayer hacer declaraciones– indicó que el cuerpo era con el 99,99 por ciento de probabilidades del diplomático cubano. El expediente pasará ahora al juzgado de Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández. Será la Justicia Federal la encargada de certificar la identificación.

Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias el 9 de agosto de 1976, en el barrio de Belgrano. Acababan de salir de la embajada cubana, donde trabajaban. Cuatro días después, el 13 de agosto, La Opinión publicó que “la embajada cubana en Buenos Aires está trabajando en estrecho contacto con el gobierno argentino en la búsqueda de dos miembros de la representación, acerca de quienes se presume que habrían sido secuestrados. Los dos hombres, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, integrantes ambos del personal administrativo de la embajada cubana, no han sido vistos desde que salieron de la embajada el lunes”. El 17 de agosto, en el mismo diario, se informó que “La agencia de noticias Associated Press recibió ayer un sobre, por correo simple y con estampilla argentina, conteniendo las credenciales de los empleados administrativos de la embajada de Cuba, cuyo texto en letra manuscrita y despareja dice: ‘Nosotros (Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena) ambos cubanos nos dirigimos a usted para que por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental’, la nota no lleva firma al pie ni ninguna otra aclaración. La Cancillería argentina certificó la autenticidad de la credenciales”. De esta forma la dictadura argentina montó un operativo para hacer creer que los dos hombres habían abandonado el régimen cubano y no tener que dar explicaciones por la desaparición de dos diplomáticos.

Pero Cejas Arias y Galañena Hernández estaban cautivos en Automotores Orletti, el centro clandestino que fue en Buenos Aires sede del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Según una investigación del periodista norteamericano John Dinges, el agente de la CIA Michael Townley y el cubano-estadounidense Guillermo Novo Sampoll habrían viajado a la Argentina para interrogar a Cejas Arias y Galañena Hernández. “Ellos cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”, habría declarado ante la jueza María Servini de Cubría el represor Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista. Townley fue el autor del asesinato en 1976 en Washington de Orlado Letelier, canciller de Salvador Allende.

“El inmueble donde funcionó Automotores Orletti –describió el juez Rafecas cuando procesó a los represores que actuaron en ese centro clandestino– era uno más de una larga hilera de casas bajas, en una típica calle, de un típico barrio de la zona oeste capitalina, como era el de Flores (…) Orletti muestra a las claras que el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 pudo moverse con naturalidad también en espacios de normalidad –y no de excepción– que no debió enfatizar el secreto sino que actuó a la vista de quien quiera ver y escuchar; que se adaptó para funcionar en un espacio donde antes había un hogar y un taller, y que a su término, aquel hogar y aquel taller regresaron, se acondicionaron y hasta aprovecharon las mejoras efectuadas por los ocupantes anteriores.”

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Por el secuestro y la desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias ya fueron condenados en Argentina el general retirado Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñó como jefe de la División de la SIDE “Operaciones Tácticas 18” (que correspondía a Orletti) y los represores Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

No es la primera vez que se encuentran víctimas que pasaron por Orletti, en barriles. En 1976 fueron hallados siete recipientes de este mismo tipo en el canal de San Fernando que contenían cadáveres y cemento. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando y pudieron ser identificados tiempo después. En 1989 se supo que uno de ellos era Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

Los tres tambores encontrados en junio, hace menos de dos meses, también se hallaron en un predio de San Fernando, en donde se estaban realizando trabajos de movimiento de tierra para, aparentemente, construir viviendas y donde antes había una tosquera. Estaban numerados y rellenos de concreto. Allí se mantuvieron los restos de Galañena Hernández hasta que el grupo de niños que cazaba vio los huesos. El fiscal Luis Angelini ordenó que la Superintendencia de la Policía Científica realice una búsqueda intensiva para determinar si hay más barriles en el predio y también que se analicen los encontrados con el fin de determinar si estuvieron en ese sitio durante 36 años o fueron recientemente depositados allí.

Rafecas había señalado en su resolución, al hacer alusión a los barriles hallados en 1976: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.