La Polilla Cubana

Washington promueve sus intereses políticos con la visita del Papa: Presionan en EU por intercambio del preso Alan Gross por René González
Por David Brooks, Corresponsal
Periódico La Jornada

El viaje del papa Benedicto XVI a Cuba el próximo lunes es motivo de una serie de maniobras de diversos sectores estadunidenses que presionan por un cambio en Cuba, pero para otros revela que Washington es el que ha fracasado en su intento de cambiar.

Las llamadas organizaciones opositoras de la “sociedad civil” en la isla y las anticastristas cubano-estadunidenses de Miami –ambas beneficiadas durantes años por los “programas de democracia” por los cuales el gobierno estadunidense canaliza millones de dólares a Cuba en violación de las leyes de la isla, y cuyo objetivo es un “cambio de régimen” en esa nación– desean utilizar el viaje del Papa para sus propósitos (como reportó ayer La Jornada), mientras otros buscan la intervención papal para resolver casos particulares que brotan de la política bilateral actual entre Washington y La Habana.

Tal vez el asunto bilateral más prominente de esta coyuntura de la visita papal es el de Alan Gross, el subcontratista de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) que ilegal y clandestinamente estaba importando a Cuba sistemas de comunicación cibernética para la comunidad judía (a pesar de que dirigentes de esa comunidad ni estaban enterados de tal”asistencia”), quien ahora está cumpliendo una condena de 15 años en una prisión de la isla.

El gobierno de Barack Obama ha instado repetidamente al gobierno cubano a liberar a Gross como un “gesto humanitario”, debido a su delicado estado de salud. Algunas organizaciones judías estadunidenses recientemente difundieron una petición para que el Papa interceda en el caso con Raúl Castro.

El senador Bill Nelson, de Florida, envió una carta al Papa pidiéndole que intervenga ante los Castro en favor de Gross, y hasta el New York Times decidió meterse en el asunto al publicar un editorial en que expresa su deseo de que el pontífice inste al mandatario cubano a liberar al estadunidense.

Judy Gross, la esposa del contratista, está presionando a ambos gobiernos y compara el caso de su esposo con el de René González, uno de los llamado”cinco cubanos”, quien ya cumplió su condena por espionaje y está bajo libertad condicional en Florida.

González acaba de lograr que un tribunal apruebe su solicitud de visitar durante dos semanas a su hermano que padece cáncer terminal en Cuba. La esposa de Gross pide que los cubanos permitan que su esposo viaje temporalmente a Estados Unidos para visitar a su madre, quien también está grave.

Por su parte, La Habana ha insistido que Washington debería liberar a los cinco cubanos que fueron condenados a largas penas de cárcel (uno a dos cadenas perpetuas) acusados de espionaje en un proceso legal ampliamente denunciado como parcial y manipulado para servir intereses políticos en Miami y Estados Unidos.

Detrás del escenario hay todo tipo de maniobras de los estadunidenses para promover un tipo de canje, y permitir que González retorne a la isla a cambio de que los cubanos permitan, como gesto recíproco, el retorno de Gross.

En su editorial, el New York Times llamó a los cubanos a liberar a Gross como “acto de merced” a pesar de admitir que violó leyes cubanas. Indica que las autoridades de Cuba intentan utilizar a Gross como carta para lograr la liberación de los cinco cubanos. Sugiere que ya que a González se le ha permitido regresar a la isla temporalmente para visitar a su hermano, “los oficiales cubanos inmediatamente deberían permitir que el señor Gross regrese a Estados Unidos para visitar a su madre. Una vez que ambos estén de regreso en casa, debería llegarse a un acuerdo para permitir ambos permanezcan ahí”.

Por su parte, el Departamento de Estado negó que exista negociación alguna de intercambio de prisioneros, pero la vocera Victoria Nuland dijo esta semana que la decisión del tribunal sobre el caso de González ofrece”una oportunidad para nosotros de renovar nuestros llamado por la liberación incondicional inmediata (de Gross)”.

Lo que no se reconoce en los argumentos de la esposa de Gross, del New York Times y los políticos estadunidenses que promueven este tipo de arreglo son algunos hechos básicos. Por un lado, González ya cumplió su condena mientras que Gross apenas inicia la suya. Por otro, si se le permite regresar  “temporalmente” a Estados Unidos obviamente Gross jamás regresará a Cuba, mientras aquí siguen encarcelados cuatro de los cinco cubanos y, por tanto, González retornará para evitar cualquier daño mayor a sus compañeros.

Hay otra diferencia fundamental: Gross fue operador en un programa del gobierno estadunidense cuyo objetivo era minar y ampliar la oposición interna al Ejecutivo cubano –ese es el objetivo explicito en los programas de la USAID–, mientras que la misión de los cinco estaba exclusivamente enfocada en evitar atentados terroristas contra su país, repetidamente lanzados por las agrupaciones anticastristas desde Estados Unidos.

Las propuestas estadunidenses evaden el problema fundamental en la relación bilateral actual –la política de “cambio de régimen” establecida por la Ley Helms-Burton junto con el mundialmente rechazado boicot a la isla. De hecho, antes de que el Papa partiera de Roma, el Vaticano reiteró su oposición a estas políticas y declaró que “el embargo es algo que hace que el pueblo sufra las consecuencia. No logra el objetivo de un bien mayor… No es una medida positiva ni útil”, reportó Reuters.

La coyuntura de la visita papal parece revelar más la ausencia de un cambio en Estados Unidos que en Cuba. Para Julia Sweig, directora de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, el problema básico es la falta de un cambio en la política estadunidense hacia la isla: “El gobierno del presidente Obama, consistente con el manejo del gobierno de Bush, ha tomado una decisión política de subordinar las decisiones de política exterior e interés nacional al politiqueo doméstico con respecto a su política hacia Cuba”.

Explicó que Florida es la clave, ya que la influencia de un grupo bipartidista de políticos, el peso de ese estado en el mapa electoral y los fondos políticos que fluyen de ahí son una “combinación que ha persuadido a la Casa Blanca a que la relección presidencial (de Obama) tiene más prioridad que hacer la pesada labor de poner a Estados Unidos en el camino de la normalización con Cuba por ahora”.

Hasta la antiquísima Iglesia católica entiende la necesidad del cambio, y más que Washington.

Courtesy of Attorney José Pertierra

Por Isis María Allen / Radio Habana Cuba

Por la unificación familiar de los cinco antiterroristas cubanos víctimas del injusto proceder de las autoridades estadounidenses y la unidad de la familia cubana, fue creada la Plataforma Pastoral de la que forman parte, la mayoría de las más importantes tendencias religiosas en la isla, distinguida por la diversidad y fraternidad entre quienes profesan los diferentes credos.

Iglesias cristianas y sus instituciones ecuménicas, judíos, yorubas, islámicos, budistas, yogas, espiritistas, y otras manifestaciones de fe religiosa, concurren en esta plataforma que demanda la intervención del Presidente de Estados Unidos Barack Obama, para que Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, sean liberados y que, junto a René González, puedan regresar a Cuba junto a sus familiares.

Damaris González Naranjo, Directora del Área de Formación y Estudio del Consejo de Iglesias de Cuba considera que la Plataforma Pastoral es una manera de andar juntos en la lucha por un objetivo que sería difícil de alcanzar de manera independiente.

González Naranjo destaca que se trata de un espacio de encuentro también entre líderes de varias organizaciones que están retomando el tema y haciendo el énfasis de la gran preocupación que genera el tema de la familia, por el problema que constituye.

La integración de los diferentes credos en una misma plataforma es la gran oportunidad de hacer grandes cosas juntos, no podemos sembrar desde nuestros propios pedacitos, si no somos capaces de articular las potencialidades que tenemos, destacó González Naranjo, directora del área de Formación y Estudio del Consejo de Iglesias de Cuba.

Lo que sentimos – significó la religiosa cubana- es el llamado por parte de Dios y de nuestros propios fundamentos cristianos o ideológicos. Yo creo que la gran oportunidad es que Dios nos da la posibilidad de hacer y actuar juntos. Y unidos somos una voz más fuerte, más escuchada que puede quizás ser más oída en el mundo entero.

Tomado de Radio Cubana

Imagen de archivo

Por Manuel E. Yepe

Un artículo editorial publicado el 24 de marzo por el semanario The Economist, vocero de la oligarquía financiera británica, cuenta historias y hace pronósticos aventurados sobre Cuba que pretenden hacer ver que la Isla “ha iniciado un cambio trascendental en ruta hacia el capitalismo que tendrá grandes implicaciones para Estados Unidos y el resto de América Latina”.  Lamenta que “incluso dos décadas después de la caída del muro de Berlín, Cuba sigue siendo uno de los pocos países del mundo donde vive el comunismo”.

Echando garra a elementos de las gastadas manipulaciones y mentiras de la campaña mediática anticubana que hace medio siglo paga y sufre la ciudadanía de Estados Unidos, el editorial pretende desvirtuar la actualización del modelo económico y social que ha emprendido Cuba en aras de la continuidad del avance económico y el desarrollo de los valores éticos y políticos que  corresponden a la actual etapa del socialismo en Cuba.

Con total ignorancia de las diversas políticas públicas de la revolución y de sus puestas en práctica desde 1959,  confunde la modificación de los métodos y estilos de trabajo que lleva a cabo Cuba para garantizar la irreversibilidad del socialismo y de las ventajas sociales alcanzadas. Trueca la proyección actual de la lucha de los cubanos con lo que sería un bochornoso e inaceptable regreso al capitalismo.

El editorial sugiere “a los forasteros que viajen a Cuba que se interesen por conocer de qué manera ellos pueden contribuir a la aceleración de los cambios”. Quienes sigan esa recomendación de The Economist coincidirían con los propósitos de las reformas que en la Isla se llevan a cabo, solo que la dirección de los cambios que se están produciendo difiere diametralmente de aquella a que aspira el capitalismo mundial.

Reconoce que los grupos de disidentes que Estados Unidos patrocina en Cuba son pequeños y aislados, y que el resto de Latinoamérica apoya a Cuba; solo que, respecto a esto último, argumenta que no lo hacen de buena gana sino porque prefieren aceptar las reformas antes que enfrentarse a ellas.

Irrespetuosamente, o ignorando la militancia revolucionaria de los presidentes brasileños (el dirigente obrero Lula DaSilva y la guerrillera urbana Dilma Rouseff), The Economist atribuye el apoyo entusiasta de éstos a la obras de ampliación y modernización del Puerto del Mariel, al interés por dotar a Cuba de “una herramienta capitalista útil”.

“Desgraciadamente –dice The Economist- la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido una rabieta frenética de cincuenta años en vez de un coherente plan para estimular una transición a la democracia”.

Es sabido que en el lenguaje imperialista “transición a la democracia” significa “regreso al redil”. Afganistán, Irak y Libia lo están padeciendo. The Economist, critica la debilidad que muestra EE.UU. ante las presiones del lobby anticubano opuesto a toda negociación con la Isla y considera que, si no hay en Cuba cambios satisfactorios para Occidente, sobrevendrá una guerra civil que sería un baño de sangre.

En el colmo de desconocimiento de los motivaciones patrióticas de los cubanos que dan solidez a la revolución, especula el editorial que las poderosas y eficientes fuerzas de seguridad e inteligencia cubanas se convertirían, en medio del caos, en mercenarios al servicio del crimen organizado y el narcotráfico, al verse atraídos al conflicto los cubanoamericanos del sur de la Florida.

Pero donde el  artículo de The Economist muestra peor calidad de periodismo, desde el punto de vista técnico y profesional, es en las conclusiones cuando define a Cuba como “esquina declinante de una América Latina en ascenso y en gran parte democrática”.

Sin reconocer que el actual ascenso de Latinoamérica y los avances democráticos en la región son, en sobresaliente medida, fruto de la exitosa resistencia de los cubanos al asedio de Estados Unidos a lo largo de más de medio siglo, el editorial del The Economist llama a Washington a un cambio de su política:

“Tras 50 años en los que ha sido una excepción, el destino de la isla se parece crecientemente al de la región. Es tiempo de que aquellos a ambos lados de estrecho de la Florida lo reconozcan. Medio siglo de fracasos es evidencia suficiente para apoyar un cambio de política”, afirma la revista de los grandes capitalistas británicos.

Cuba ha demostrado que la sumisión a Washington no es una predestinación insalvable para las naciones del hemisferio y que la independencia de los pueblos sometidos en todo el mundo es viable y sostenible a base de resistencia, sacrificio, coraje y solidaridad.

La Habana 24 de Marzo de 2012
Enviado por su autor

Por  Luis Britto García

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Alguna vez sostuve que ciertos medios de comunicación ejercen una dictadura  mediática, porque aspiran a desempeñar por sí solos los tres poderes clásicos del Estado. En efecto, quieren decidir qué leyes valen y cuáles no; inventan decisiones del gobierno o niegan las que éste toma; condenan sin defensa ni apelación. Y encima pretenden ejercer  estos poderes absolutos sin consulta democrática ni responsabilidad.

2

Ejemplo: contra el presidente Rafael Correa se intenta un golpe de Estado. El diario de Guayaquil  El Universal alucina que no ha habido golpe de Estado, llama al presidente electo “dictador”,  inventa que ha ordenado disparar contra el pueblo; lo condena sin derecho a defensa y en forma inapelable como responsable de crímenes de lesa humanidad; declara que las leyes que sancionan los delitos de difamación, injuria, calumnia y vilipendio no existen,  que en todo caso no le son aplicables a los comunicadores sociales, y se niega a rectificar.  Los dictadores, como los medios, pretenden monopolizar la totalidad de los poderes; los medios, como los dictadores,  aspiran a ejercerlos sin asumir las consecuencias.

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Para mejor comprender la situación, bajémonos de la nube que nos sitúa entre poderes del Estado y mandatarios. No se debe injuriar, vilipendiar, difamar ni calumniar a un Presidente por lo mismo que no se debe hacerlo con el más ínfimo ciudadano. Si yo afirmo falsamente y sin pruebas que el más pobre recogelatas es paidófilo, narcotraficante, ladrón y asesino, lo daño atrozmente porque le arrebato su honra y reputación, que es lo único que tiene en este mundo. Si además lo hago utilizando un medio de comunicación, multiplico la ofensa tantas veces como lectores o auditores tiene éste.

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¿Fantaseo? ¿Invento cosas por molestar a los comunicadores, de los cuales pretendo ser uno? Pues no. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por la ONU, declara que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. ¿Demasiado universal para el gusto de los monopolios regionales? Pues el artículo 11 de la  Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dispone: “1.    Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2.    Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.    Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Todas las legislaciones de América Latina y el Caribe comprenden normas que protegen la honra, la dignidad, la reputación y la vida privada de los ciudadanos. No aburriré a la audiencia citándole las que puede encontrar en el Código Penal de Ecuador o de Venezuela. Cualquier ciudadano que las viole es sancionado.  Sólo algunos comunicadores pretenden ser inmunes a ellas.

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Nadie concibe un ingeniero que pretenda no ser responsable si se le caen las casas, un chofer que anhele atropellar peatones impunemente, un médico que aspire a no ser sancionado si envenena al paciente. Pero muchos comunicadores sostienen que nadie puede reclamarles los daños que causen con el ejercicio de su profesión, e incluso, que ninguna norma debe regular su profesión. En febrero de 2003 la oposición venezolana recoge firmas para una reforma constitucional, y  los dirigentes de los medios hacen incluir en el petitorio la derogación del artículo 58 de la Constitución Bolivariana,  el cual  consagra el derecho  “a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica o rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. El documento requería firmas para derogar asimismo el artículo 60, según el cual  “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Los medios quedarían así despojados de todo deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho ante ellos.

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Con su delirante ataque, El Universal quizá quería provocar alguna medida gubernamental del Presidente  para luego acusarlo de abuso de poder. Como simple ciudadano, acudió Correa ante un tribunal para pedir la rectificación de esa “mentira disfrazada de opinión”; logró la condena del periódico por 40 millones de dólares, y la de varios de sus directivos a tres años de prisión, y una confirmatoria en la cual el  juzgado quinto de lo civil el  6 de febrero de 2012 sentencia  que el fallo busca reparar “la afrenta irrogada, por el hecho de habérsele perjudicado, en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él”. La inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, que nada hizo ante el golpe de Estado, instó al mandatario a suspender temporalmente la aplicación de la condena. Un gremio de propietarios de medios sentenció a Correa en forma inapelable y sin derecho a defensa como “el Enemigo Número Uno de los Medios”. En ningún momento los comunicadores de El Universal rectificaron ni se excusaron. El Presidente, en cambio, los perdonó. En Venezuela esta lenidad ha logrado pocos efectos, desde los tiempos de la primera República, cuando se lamentaba Simón Bolívar de que “a cada conspiración seguía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración”.

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Una inextinguible quejumbre elevan en Venezuela los funcionarios del gobierno bolivariano contra las agresiones que en su contra perpetran  los medios. Otra sería la conducta de éstos si los agraviados acudieran a los tribunales y exigieran la aplicación de la Ley. Fue lo que hizo en 2003 Alí Rodríguez Araque, para entonces presidente de PDVSA, cuando la periodista Ibeyise Pacheco acusó de trabajar en dicho ente y de practicar la corrupción a un hijo del funcionario que en realidad había fallecido quince años antes, a la temprana edad de trece. La demanda exigía una reparación simbólica y concluyó con un triunfo moral. Es honroso ser declarado Enemigo Número Uno de unos Medios que a su vez son el Enemigo Número Uno del Público.

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Ahora la extrema derecha de las transnacionales y los medios se junta con algunos movimientos étnicos y emprende una marcha hacia Quito. Ya la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE) había exigido a Correa que le entregara la decisión sobre las concesiones de recursos naturales de Ecuador. Correa lo rechazó, fueron a elecciones, sacaron un solo diputado al Poder Legislativo y luego apoyaron el golpe, acusando al gobierno de Correa de “dictadura democrática”. Lo que está en juego son los recursos naturales de América Latina. Por ejemplo, indígenas de la etnia Munducurú cedieron sus derechos sobre 23.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña en el estado de Pará a la transnacional irlandesa Celestial Green Ventures por 120 millones de dólares. Según el diario O Estado de Sao Paulo, el contrato impide por 30 años a los indígenas los cultivos agrícolas y la extracción legal de madera,  asegura a la transnacional el libre acceso a la zona, que está prohibido a las autoridades legítimas brasileñas, y no habría contado con el aval de toda la comunidad. Celestial Green Ventures gerencia 16 proyectos iguales en la Amazonia Brasileña, que afectan 200.000 kilómetros cuadrados, el doble de toda la superficie de Portugal. La Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) ha registrado una treintena de contratos de índole similar entre dirigentes indígenas y multinacionales de Europa (Tablet terra com.co, 11-3-2011). Pero los recursos naturales de América Latina no serán de las transnacionales.La mayoría se decidirá una vez más por el Buen Vivir.

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